Opinión

Políticas públicas y región

Las políticas públicas son las respuestas que el Estado puede dar a las demandas de la sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios. En este sentido, está ligado directamente a la actividad del Estado en tanto ejecutor, es decir, aludiendo a la Administración del Estado, centralizada o descentralizada. Involucra una toma de decisiones y previamente un proceso de análisis y de valorización de dichas necesidades.

Dichas necesidades deben enfocarse a las regiones y estas últimas son definidas de manera abstracta delimitando áreas de una o más características comunes, ya sean de orden físico, humano o funcional.

¿QUÉ RELACIÓN GUARDAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON LA REGIÓN?

Existen regiones donde se encuentra el mayor rezago en materia de producción, empleo, educación, salud, nutrición, vivienda y servicios básicos que limitan la posibilidad de tener una vida digna. Se caracterizan por estar en zonas montañosas, áridas y semiáridas en temporal irregular con población muy dispersa y su economía se base en la producción de maíz, frijol usando técnicas agrícolas no sustentables. Es menester de las Políticas Públicas abatir dichos rezagos.

Aguilar Villanueva (1996) señala que una política pública es “en suma: a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce”.

¿PORQUE NO FUNCIONAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

No existe un diagnóstico. – En los diferentes rubros, a pesar de que, aunque algunas iniciativas tienen éxito a nivel local, no existen métodos que establezcan cómo pueden aplicarse a nivel nacional.

No hay agenda. – El otro aspecto es la falta de una verdadera agenda de temas pendientes para elaborar políticas Públicas, tanto por parte del gobierno y las autoridades locales.

No hay planteamiento serio. – Los senadores y diputados legislan por intereses electorales y no hacen un planteamiento serio del problema.

No hay participación de la sociedad. – El gobierno solo no puede con el problema necesita la participación de la sociedad, que la gente participe en la hechura de las políticas y con un trabajo conjunto entre gobiernos y sociedades se pueda aprovechar el bono demográfico y así lograr el desarrollo.

Se tiende a caer en el asistencialismo. – No se debe sólo dar apoyos o dinero a los distintos problemas, se requiere crear proyectos para incorporarlos a las áreas educativas, sociales y laborales.

Existen Programas Federales y sus objetivos (en teoría) son abatir la pobreza, el reto más importante del Gobierno Federal consiste en resolver la difícil tensión que se da para conservar en las entidades federadas su particular forma de convivencia política, el problema es muy complejo pues las comunidades tienden a continuar bajo condiciones particulares de vida tanto económica, cultural, social, etc.

Sin duda uno de los desafíos más importantes que las economías regionales tendrán que enfrentar en los próximos años es el del fortalecimiento y la consolidación de las Políticas Públicas. México no es la excepción, ya que la renovación de las relaciones entre los municipios, los estados y la federación, es un elemento fundamental para fortalecer el Estado Mexicano.

El problema institucional y administrativo reside entonces en definir qué tipo de problemas públicos puede atender el gobierno nacional, estatal o municipal y cuál debe de ser el monto de los recursos más apropiados para atenderlos. En suma, qué gobierno está hecho para atender qué tamaño y qué tipo de problemas.

La pregunta consiste en ver si la asignación de los recursos públicos ocurre de manera óptima, si se distribuye en varios centros de gobierno en correspondencia con la magnitud, complejidad, gravedad y urgencia de los problemas y necesidades sociales de cada región.

En este sentido los objetivos de la Políticas Públicas son:

–  Realizar estudios sobre los índices de pobreza para poder elevar la calidad de vida de los habitantes de las regiones marginadas.

– Conocer, respetar, conservar y fortalecer las características culturales de las personas que habitan en cada región.

– Orientar, impulsar y difundir los programas de gobierno que promueven el desarrollo social a través del estudio de estas regiones.

– Estudiar y organizar a las comunidades para que se transformen en sujetos de su propio desarrollo.

Es así que los gobiernos deben priorizar los 4 elementos anteriores para alcanzar la meta de las Políticas Públicas, mismas que en listo:

– Que las comunidades en regiones en extrema pobreza, eleven su condición de vida a niveles mínimos de bienestar.

– Que, de los niveles mínimos de bienestar, continúen al desarrollo sostenido y a la productividad.

– Que de ser comunidades expulsoras de población se conviertan en comunidades integradoras.

Así trataremos de mostrar cuáles han sido los cambios en términos de Política Pública, ya que ahora los estados disponen de sus propios recursos y al mismo tiempo saber si los recursos obtenidos de la federación como los propios se destinan para el bienestar e infraestructura social.

Una de las grandes asignaturas que ha estado ausente en el debate político y académico es la que tiene que ver con el rol que deben asumir los congresos estatales en la democracia mexicana para legislar en favor de las Políticas Públicas. Esto parece una grave omisión. Si concebimos la reforma de nuestro sistema federal como una oportunidad para reorganizar el Estado y para modernizar las relaciones inter-gubernamentales, entonces no podemos dejar de lado a las legislaturas locales. Los congresos estatales se han convertido en actores políticos fundamentales. Estas asambleas representativas han sido pivotes de la democracia, ya que han contribuido a establecer un nuevo equilibrio entre los poderes locales y la toma de decisiones.

Pero el aporte de los congresos estatales a la democracia mexicana también se ha expresado en el nivel del debate parlamentario y en la calidad de la tarea legislativa. Mientras que en las Cámaras federales la polémica ha sido ríspida y los acuerdos difíciles, la experiencia de los “gobiernos divididos” en las entidades federativas ha sido menos traumática, ya que ha prevalecido el diálogo entre los poderes para disminuir la tensión y poder mantener decisiones correctas para abatir los rezagos más agudos en materia de producción, empleo, educación, salud, nutrición, vivienda y servicios básicos, que limitan o impiden el acceso a una vida digna para los habitantes de cada estado.

Además, en los congresos estatales están cristalizando importantes adecuaciones a nuestro marco jurídico. Anteriormente, los cambios iban del centro a las regiones. Las Cámaras federales aprobaban alguna reforma y las legislaturas locales se limitaban a replicarla automáticamente en las entidades federativas.

Tal situación ha ido cambiando. Ahora, la modernización jurídica también se experimenta en los estados. Muchas legislaturas locales han sido pioneras y legislan en materia de desarrollo regional en la sanción de normas vanguardistas que posteriormente han sido retomadas a nivel nacional para el desarrollo sustentable.

Menciono el caso de la transparencia y la rendición de cuentas. Los Congresos han aprobado una ley de acceso a la información pública antes de que a nivel nacional se promulgara la norma federal en materia de políticas públicas. Y así como ésta, hay muchos otros ejemplos que demuestran la calidad del trabajo que están llevando a cabo los congresos estatales.

Ahora que el tema de las llamadas “reformas estructurales” ha cobrado de nueva cuenta visibilidad, es necesario voltear los ojos hacia las legislaturas locales. Sacar adelante estas reformas no es una tarea que competa sólo a las Cámaras federales para estructurar debidamente el reparto del dinero a cada entidad para el abatimiento de la pobreza.

No hay que perder de vista que, si concretar las reformas implica efectuar cambios constitucionales, será necesario que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas locales. Es decir, la viabilidad y celeridad de las reformas también depende de la sanción de los congresos estatales. No hay duda de que esta función que se asigna a las legislaturas locales, como parte del constituyente permanente, tiene que perfeccionarse. Se requiere impulsar cambios que permitan que las legislaturas locales tengan una efectiva participación en la revisión de nuestra Carta Magna para los fines más óptimos. Es necesario definir reglas mínimas que nos permitan avanzar hacia un real programa legislativo. Éste debe ser un tema nodal en la agenda de la reforma del Estado mexicano.

Entre otras cosas, el Estado mexicano viene obligado por la Constitución a procurar el ejercicio de los derechos sociales; obligación constitucional que no es exclusiva del gobierno federal; ello requiere establecer relaciones de colaboración con los gobiernos de los estados, gobiernos que cooperen para la conformación de estrategias en los rubros que más lo necesitan.

En este sentido diseñar foros de carácter institucional en donde participen el Presidente, el Senado y los gobernadores para que fijen sus posturas y es ahí donde las negociaciones dan lugar a las realidades para el fortalecimiento de las Políticas Públicas.

Debido a la ausencia en nuestro país de una instancia de negociación de las relaciones intergubernamentales, es inevitable la “judicialización” de muchos problemas de las políticas públicas, particularmente los relacionados con las competencias de carácter monetario.

En conclusión, las Políticas Públicas en México han jugado un papel determinante en la organización política, económica y cultural en los municipios y estados de nuestro país.

Con el paso de los años, el pacto entre Federación, Estado y Municipios han sufrido modificaciones para intentar abatir el problema de la pobreza y disparidades regionales, aun así, éste ha tenido muchas deficiencias para dar solución a este grave problema de pobreza que venimos arrastrando a lo largo de la Historia.

Las Políticas Públicas significan tener una convivencia real y armónica en el ámbito político entre el modelo de Estado Federal y los Estados de la Unión para dar resultados a las necesidades de la sociedad. Significa descentralizar el poder y delegarlo para mejorar la administración pública en el espacio estatal y municipal. La vida económica del país se enriquecerá en la medida que las Políticas Públicas se coordinen en esta dirección.

En este sentido, está ligado directamente a la actividad del Estado e involucra una toma de decisiones y previamente un proceso de análisis y de valorización de dichas necesidades.

En el estudio del surgimiento y evolución de las Políticas Públicas en México caben mencionar dos aspectos: el histórico-político y el jurídico. En el primer aspecto se tiene que analizar desde sus antecedentes ideológicos que han determinado la gestación de las Políticas Públicas, así como las modalidades que han tenido nuestra vida pública; el segundo aspecto debe considerar la naturaleza misma del sistema de conformación de las Políticas como forma para abatir la pobreza con base en principios y reglas constitucionales.

El éxito de las Políticas Públicas reside en que las entidades federativas no renuncien a continuar enriqueciendo sus propias raíces, es decir, la forma de vida cultural, religiosa, económica, social para conformar buenas decisiones. Es por ello que a partir del patrimonio físico y espiritual las entidades tienen que desarrollarse para que exista un espíritu nacional y se conformen buenos programas y Políticas.

La nota determinante del Estado Federal es que contiene una doble organización política:

1) Un poder federal que actúa en la totalidad del territorio nacional.

(Plan Nacional de desarrollo)

2) Poderes locales que actúan en el ámbito especial de sus entidades.

(Plan Estatal de Desarrollo)

En este sentido e importante unificar a los gobiernos para comenzar a hablar de la necesidad de impulsar una amplia reforma del Estado como vía para garantizar la estabilidad política y la gobernabilidad democrática, que sin duda contribuyen a elaborar buenas y optimas Políticas Públicas. Para ello se requiere una fuerte discusión en el ámbito académico y partidario para coadyuvar en una discusión interesante que arroje prontos resultados en cuanto al tema. Realizar foros para complementar e integrar ideas. En este campo no se han registrado avances significativos. Y lo más preocupante es que la reforma del Estado ha perdido centralidad en el debate público. El tema, en cierta medida, quedó eclipsado. Otras han sido las prioridades de los actores políticos. La ingeniería constitucional se ha dejado para mejores tiempos. Por ello, un tema prioritario de la agenda nacional tiene que ser las reformas que han quedado en el olvido para apuntalar las Políticas Públicas.

Lic. Armando García